Imposibilidad de las personas solicitantes de asilo internacional en México para acceder a derechos como consecuencia de falta de CURP

02.05.2018

Elaborado por: Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Crédito: CJR, Tenosique, Tabasco, 2016
Crédito: CJR, Tenosique, Tabasco, 2016

La Clave Única de Registro de Población (en adelante "CURP") es la llave para poder acceder y gozar de múltiples derechos en México. Por ejemplo, por ley, los empleadores en el mercado laboral formal solicitan la CURP al momento de contratar como parte de los requisitos esenciales para dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al trabajador.

La CURP también es un requisito indispensable para poder inscribirse a una institución educativa, principalmente porque sin ella no se pueden expedir títulos o certificados de estudios.

Sin CURP también es imposible obtener un registro federal de contribuyentes o inclusive tramitar una cuenta de bancaria o una licencia de conducir.

Pese al papel fundamental que la CURP ocupa en estos días dentro de la vida de toda persona en México, las personas solicitantes de asilo no tienen manera de obtenerla. Aunque la ley migratoria reconoce que las y los solicitantes de la condición de refugiadas, lo mismo que otros grupos de personas extranjeras en situación vulnerabilidad, -como las víctimas de delito cometido en México o las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados- tienen derecho a contar con una condición de estancia regular por razones humanitarias, las autoridades, al momento de emitir el documento migratorio, omiten y se niegan a asignar una CURP a estas personas.

Imagen de una CURP obtenida desde el portal de RENAPO
Imagen de una CURP obtenida desde el portal de RENAPO

Con ello, se impide, limita y restringe el acceso de las personas a derechos como el trabajo, la educación, la salud y vida digna, entre otros. El argumento se basa en que las y los solicitantes no tienen derecho a una CURP hasta que no sean reconocidas como refugiadas. Actualmente la Ley únicamente reconoce la posibilidad de obtener una CURP para quienes cuentan con documento de residencia temporal o permanente y no para visitantes, que es el tipo de documento que se prevé para la estancia por razones humanitarias al que acceden los solicitantes de asilo en México.

Una persona que huye de su país por persecución o amenazas a su vida, libertad o seguridad, y que solicita se le reconozca como refugiada, carece de los medios para proveerse lo indispensable hasta en tanto espera la decisión de su reconocimiento como refugiada.

Por ley, el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado debe resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles (prorrogables hasta 90 días) sin embargo, en los dos últimos años, estos plazos se han extendido hasta por ocho y doce meses. Esto significa que las y los solicitantes tienen que esperar al menos tres meses para obtener una resolución y durante ese tiempo no cuentan con una CURP que les permita acceder a derechos.

En el mejor escenario, serán reconocidas como refugiadas y se les asignará la CURP tras meses de penurias, humillaciones, carencias y afectaciones de todo tipo. En el caso más común, las autoridades encargadas de resolver las solicitudes realizarán un procedimiento o un análisis inadecuado de los casos; situación que propicia dilación en la obtención de una resolución, ya que las personas se ven obligadas a recurrir o impugnar las decisiones y, en algunos casos, hasta promover juicios de amparo. La judicialización de un caso puede traducirse en años de litigio hasta obtener sentencia firme. Años en los que los solicitantes se encuentran impedidos para estudiar, ser contratados, abrir una cuenta bancaria, inscribirse al seguro social y realizar las demás actividades que requieren la presentación de una CURP. La falta de acceso y restricción de tales derechos, afecta y lesiona los medios y posibilidades de subsistencia vitales: vivienda, alimentación, etc.

En la realidad, estas personas que fueron forzadas a huir de su país de origen, continúan padeciendo inclemencia y desprotección en México, pues se ven obligados a residir en el país por años sin un documento esencial para gozar de los derechos y servicios básicos en el país. Esta falta esencial los convierte en habitantes de segunda categoría, son personas invisibles para las autoridades y sin acceso a derechos que se encuentran expuestas al abuso, discriminación y exclusión.

Imagen obtenida del portal del Instituto Nacional de Migración
Imagen obtenida del portal del Instituto Nacional de Migración

La falta de asignación de CURP a personas solicitantes de asilo internacional en México, no sólo violenta el derecho a la identidad, sino que además conlleva una serie de violaciones a otros derechos humanos. Conforme al Derecho Internacional de los Refugiados, provoca el incumplimiento del deber fundamental del Estado de brindar protección a las y los solicitantes de la condición de refugiado y, adicionalmente, con sus compromisos regionales e internacionales de respeto, garantía y protección de los derechos humanos y el derecho al asilo de calidad.

Desde el Trabajo de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, se han documentado al menos 20 casos de personas solicitantes de la condición de refugiadas -entre las que se encuentran mujeres, grupos familiares, personas LGBTI, víctimas de tortura o delitos cometidos en México, y niñas, niños y adolescentes-, que muestran los constantes obstáculos y afectaciones causadas a su dignidad y bienestar debido a no contar con una CURP y pese a todas tener una condición de estancia regular en el país con autorización para trabajar hasta por un año.

El primero de estos casos, fue el de un joven hondureño de 20 años solicitante de la condición de refugiado que, además de haber abandonado su país de origen a causa de la violencia y la persecución de pandillas, fue víctima del delito de secuestro en México. Por este hecho delictivo accedió a la estancia por razones humanitarias y posteriormente, solicitó de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) su reconocimiento como refugiado. Tras múltiples esfuerzos por sobrevivir en México, encontrar un trabajo que le diera estabilidad y le permitiera proveerse a sí mismo, -rentar una vivienda, continuar sus estudios truncos, preverse de vestido y alimentos -sólo podía acceder a trabajos eventuales con salarios inferiores al oficio que desempeñaba, sin seguridad social y sin posibilidad de rentar una vivienda o satisfacer sus necesidades de vestido y alimento.

Como él, todas las personas que solicitan ser reconocidas como refugiadas en México, ven limitados todos sus derechos económicos y sociales, hasta en tanto se reconoce su condición de refugiadas, convirtiendo el documento migratorio por razones humanitarias, en una simulación identificación y de reconocimiento de derechos humanos, puesto que, en la realidad, la exigencia de CURP les impide acceder y gozar de los mismos.