CIDH exhorta a los Estados Miembros de la OEA a atender la migración forzada de personas venezolanas

25.04.2018

Elaborado por: Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las Américas (RALRA)

Venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira en Venezuela, hacia el departamento de Norte de Santander, el 10 de febrero de 2018. (Crédito: CNN/George Castellanos)

El pasado 2 de marzo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") adoptó la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas. Tomando en consideración lo señalado en su informe de país Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión determinó que Venezuela se encuentra atravesando una grave crisis política, económica y social, la cual se manifiesta en múltiples y masivas violaciones a derechos humanos en perjuicio de la mayor parte de la población venezolana.

De acuerdo con la Comisión, la crisis y las violaciones masivas a los derechos humanos han generado un crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región Americana como una estrategia de supervivencia. En este sentido, la Comisión observó que las causas de lo que determinó como una "migración forzada" son las siguientes: 1) violaciones masivas a los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales; 2) violencia e inseguridad; 3) persecución por opiniones políticas; 4) grave crisis alimentaria; 5) grave crisis sanitaria generada por escasez de medicamentos y tratamientos médicos, y 6) dificultad para el cobro de pensiones.

La Comisión reconoció la importancia de las medidas que han adoptado varios Estados de la región Americana para abordar la migración forzada de personas venezolanas. Entre las medidas destacadas por la Comisión se encuentran la regularización de la situación migratoria a través de distintas visas y permisos de permanencia temporal, el reconocimiento como refugiadas en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y la protección a disidentes políticos en algunas embajadas en Caracas.

Sin embargo, en la resolución la Comisión también señaló que existen vacíos de protección para las personas venezolanas que se vieron forzadas a migrar. Entre ellos, la Comisión mostró su preocupación por prácticas tales como rechazos en frontera, expulsiones o deportaciones colectivas, exigencia de documentos oficiales para la regularizar el estatus migratorio, los costos de las solicitudes de visas y el acceso igualitario a derechos en los países de destino.

Por otra parte, la Comisión informó que entre los múltiples desafíos que enfrentan las personas venezolanas al migrar se destacan los obstáculos para obtener protección internacional, la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y la explotación, la trata de personas, las desapariciones y ejecuciones, la falta de documentos de identidad y la falta de acceso a asistencia humanitaria, particularmente el acceso a vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos. Al respecto, la Comisión enfatizó en la existencia de graves prácticas xenófobas y discriminatorias en contra de personas venezolanas en países de tránsito y destino, entre las que destacan insultos, abusos de autoridades y particulares, extorsión y discursos que estigmatizan y criminalizan las personas venezolanas al culparlas de aumentar los índices de violencia en sus países y quitar empleos a los nacionales.

Ahora bien, reconociendo la importante tradición histórica del continente americano en la garantía del derecho humano a solicitar y recibir asilo, de manifiesto entre otros en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, así como en la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014, la Comisión consideró que la grave y compleja crisis de la migración forzada de personas venezolanas a otros países requiere de una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos. En ese entendido, los Estados Miembros de la OEA y la comunidad internacional deben continuar y fortalecer la asistencia humanitaria para las personas que permanecen en Venezuela, a la vez que deben garantizar que las personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar obtengan la protección que requieren.

En virtud de lo anterior, la Comisión exhortó a los Estados Miembros de la OEA, en un marco de responsabilidad compartida y en conjunto con la comunidad internacional, entre otros, a lo siguiente:

1. Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.

2. Ante la eventual llegada de movimientos masivos, considerar la adopción de respuestas colectivas de protección a las personas venezolanas, entre las que se encuentran la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal.

3. Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, así como adoptar medidas dirigidas a garantizar la reunificación familiar.

4. Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement), el cual incluye la prohibición de rechazo en frontera y la prohibición de expulsiones colectivas.

5. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieren protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales de protección.

6. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado.

7. Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. A su vez, se debe garantizar que organismos internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar asistencia humanitaria.

8. Garantizar el acceso al derecho a la nacionalidad a personas apátridas, así como para hijas e hijos de personas venezolanas nacidos en el extranjero que estén en riesgo de ser apátridas.

9. No criminalizar la migración de personas venezolanas, para lo cual deben abstenerse de adoptar medidas tales como el cierre de fronteras, la penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección internacional, la detención migratoria y discursos de odio. Asimismo, deben abstenerse de criminalizar o sancionar a personas que brindan ayuda y asistencia humanitaria a personas venezolanas. En virtud de lo anterior, los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia.

10. Implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social.

Finalmente, la Comisión reiteró su disposición a los Estados de la región Americana para brindar cooperación técnica en la elaboración e implementación de políticas públicas, leyes y prácticas dirigidas a abordar la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas, para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo, así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas.

Venezolanos esperando a la entrada de la Oficina de la Policía Federal en la ciudad fronteriza de Pacaraima, Brasil. Crédito: ACNUR/Reynesson Damasceno

Ana Lucíola Franco al lado de una de las familias venezolanas que están viviendo en la calle en Boa Vista, capital de Roraima. Crédito: ACNUR/ Reynesson Damasceno